Multa histórica: el Gobierno contra las aerolíneas low cost por prácticas abusivas
Ryanair acapara el 60% de la multa impuesta por Consumo, ascendiendo a 107 millones de euros, mientras que el 37% se distribuye entre Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian.
Las aerolíneas de bajo coste están en el ojo del huracán tras recibir una multa récord de 179 millones de euros por parte del Gobierno español. Las compañías afectadas, entre ellas Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian, han sido acusadas de prácticas comerciales "abusivas" relacionadas con cobros por equipaje de cabina, selección de asientos para padres con hijos o personas dependientes, y por falta de transparencia en sus tarifas.
Ryanair lidera la lista de sancionadas
El 60% de la sanción recae sobre Ryanair, que deberá pagar 107 millones de euros, mientras que Vueling y EasyJet enfrentan multas de 39 y 29 millones, respectivamente. Volotea y Norwegian también han sido penalizadas con sanciones más leves, pero igualmente significativas. Según el Ministerio de Consumo, estas infracciones, calificadas como "muy graves", se han calculado en función del beneficio ilícito obtenido, con multas que pueden multiplicar entre seis y ocho veces las ganancias generadas por estas prácticas.
Polémica y reacción de las aerolíneas
Las aerolíneas no han tardado en responder, calificando la sanción como un "sinsentido" y anunciando que recurrirán la decisión ante los tribunales. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) e incluso la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) han criticado duramente al Gobierno español, tachando la medida de "ilegal" y una "bofetada a los viajeros".
Según Willie Walsh, director general de IATA, la sanción pone en peligro la libertad de precios que permite a los consumidores elegir entre distintos modelos de servicio. Además, las aerolíneas advierten que, si se les obliga a eliminar estos suplementos, el coste podría trasladarse al precio general de los billetes, afectando incluso a los pasajeros que no utilizan equipaje de cabina.
¿Una injerencia o una protección para los consumidores?
El debate trasciende lo económico. Mientras el Gobierno defiende que estas multas protegen a los pasajeros de políticas comerciales abusivas, sectores de la industria lo ven como una intromisión en el libre mercado y una violación de las normativas europeas que avalan la libertad de precios.
El presidente de ALA, Javier Gándara, señaló que exigir la inclusión gratuita del equipaje de cabina podría suponer una interferencia en la libertad de las aerolíneas para diseñar sus tarifas. Por su parte, desde Bruselas, el Ejecutivo comunitario ha mostrado su apoyo a las aerolíneas, recordando que la normativa europea protege su capacidad de fijar precios.
¿Qué significa esto para los viajeros?
Si bien las aerolíneas mantienen sus políticas actuales a la espera de un fallo judicial, la decisión del Gobierno ha generado incertidumbre entre los viajeros. Por un lado, la medida busca poner fin a cargos adicionales que muchos consideran desproporcionados. Por otro, expertos advierten que, de prosperar la sanción, los precios de los billetes podrían subir en general para cubrir la eliminación de estos suplementos.
Una batalla judicial que marcará un precedente
Con la sanción recurrible en la Audiencia Nacional, esta disputa promete prolongarse. Su resolución no solo impactará a los pasajeros y las aerolíneas low cost, sino que también podría sentar un precedente sobre los límites de intervención gubernamental en el sector aéreo.
En un mercado cada vez más competitivo, donde el modelo low cost se ha consolidado como el preferido de millones de viajeros, esta batalla entre el Gobierno y las aerolíneas marcará un antes y un después en la relación entre regulación, negocio y derechos de los consumidores.